BOGOTÁ, Colombia.- Los ministros de Asuntos Exteriores de los países que integran el Grupo de Lima emitieron una declaración desde Bogotá en la que rechazan el uso de la fuerza como fórmula para superar la crisis política en la que se encuentra sumida Venezuela y desoyen así los llamamientos de la oposición.
Los países representados “reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”, indica el comunicado final de la cita.
En el grupo participan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, este último representado por el que consideran presidente legítimo del país, Juan Guaidó. También estuvo en la reunión en Bogotá el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
En el texto los países condenan al Gobierno de Nicolás Maduro por impedir el acceso de la ayuda humanitaria que pretendía introducir la oposición el 23 de febrero.
Venezuela está sumida en una crisis política desde el 23 de enero, cuando Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente, tras denunciar la ilegalidad del mandato de Maduro, quien asumió el 10 de enero.
“Han impedido el ingreso de artículos de primera necesidad y asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil”, subrayan.
Consideran también que “el régimen ilegítimo” de Maduro está “sometiendo intencionalmente a los venezolanos, y en particular a la población más vulnerable, a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder”.
A lo que suman la “violencia indiscriminada empleada por cuerpos de seguridad y grupos armados” para obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades.
Asimismo defienden que se impulse la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela” y subrayan que la permanencia de Maduro y “su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”.
En la declaración de 18 puntos, el Grupo de Lima que la permanencia de Maduro en el poder “representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”.
Por ello, piden la intervención de la Corte Penal Internacional, para este organismo tome en consideración “la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad”.
El documento con las conclusiones del debate no incluye ninguna alusión a la propuesta de Pence, para que los países de la región apliquen sanciones al gobierno de Venezuela destinadas a aislar al régimen de Maduro.
Institucionalidad
La declaración sostiene que los países del Grupo de Lima “manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
Además, “expresan su satisfacción ante el número creciente de Estados que han reconocido la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del Presidente Encargado, Juan Guaidó”.
Reiteraron su llamado a los miembros de la Fuerza Armada Nacional “a reconocer al Presidente Encargado, Juan Guaidó, como su Comandante en Jefe, y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la Nación y no al de una persona”. Reafirmaron “el derecho de los venezolanos a vivir en democracia y libertad” y “su respaldo a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional”. (Télam)